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QUE EL ABORTO SE DEBATA EN EL CONGRESO

Por Revista Reviradas

Días después del pañuelazo frente al Congreso para pedir por el Aborto Legal, el jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que el gobierno no intervendrá en la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que el 6 de marzo se va a presentar por séptima vez- y que dará libertad de voto a sus legisladores. De hecho, la segunda diputada firmante es Brenda Austin de la UCR, perteneciente a la coalición del gobierno de Cambiemos.

La diputada Victoria Donda es la primera firmante del proyecto y pedirá que se trate en una sesión especial el 8 de marzo, día del Paro Internacional de Mujeres que se realizará en más de 30 países. Sin embargo, ya salieron distintos referentes del gobierno a plantear su oposición al aborto, y también se pronunció la Iglesia a través de un comunicado de la Comisión Directiva de la Conferencia Episcopal Argentina, que pidió un “diálogo sincero y profundo” pero que “reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo”.

Por su parte, Austin declaró a La Vaca-Mu que “estamos entusiasmadas porque se suman diputadas comprometidas con el tema y creo que van a ser aliadas importantes en la discusión del proyecto y también en el interbloque de Cambiemos. Siempre con el ánimo de promover el debate y de que el Congreso salde, lo que yo creo, es una de las deudas de la democracia”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, Donda, señaló que “la idea de empezar a instalar la discusión donde hay que instalarla: adentro del recinto, eso es en definitiva lo que está pidiendo la calle. Yo soy militante, hay que ponerle cuerpo a la calle pero también hay que ponerlo adentro del recinto porque si no firmamos, vamos a las marchas, a las movilizaciones, pero después eso no se traduce en lograr llevar el debate donde hay que hacerlo: en el Congreso”.

Fotos: Luisa Magdalena y Nahuel Alfonso

PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Artículo 1°: En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.

Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la ley Nº 26.529 y concordantes.

Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

1. Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.

2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.

3. Si existieren malformaciones fetales graves.

Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.

Artículo 5º: El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo prevista en los arts. 1 y 3 en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

Artículo 6°: En todos los casos las Autoridades de cada Establecimiento Asistencial deberán garantizar la realización de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del art. 40 de la ley 17.132, art. 21 de la ley 26.529 y concordantes.

Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.

Artículo 8°: Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

La persona mayor de 16 años, conforme a lo establecido en el artículo 26 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley. Si la IVE debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el art. 7 del Decreto 415/2006 reglamentario de la ley 26.061 y el artículo 59 del Código Civil.

En todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído.

Artículo 9°: Si se tratare de una persona con capacidad restringida y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el art. 32 Código Civil y Comercial de la Nación.

Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 10°: Quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género n° 26.743.

Artículo 11°: Derogase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación.

Artículo 12°: Deróguense los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación.

Artículo 13°: De forma.

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