20 septiembre, 2019

Revista feminista y popular

Notas

1 agosto, 2017

//Galería de Fotos// MUJERES ORIGINARIAS POR EL BUEN VIVIR

Por Luisa Magdalena

Las mujeres rurales constituyen el pilar de la agricultura de pequeña escala, producen riqueza económica y sostienen la pequeña economía de sus familias y comunidades; a pesar de ello, enfrentan el despojo de sus territorios por parte de las industrias extractivas del petróleo, el oro y otros minerales. Esto se suma a la ya tradicional situación de discriminación como limitaciones para el acceso a la tierra, sometimiento a sobreexplotación y exceso de trabajo; exposición a agrotóxicos y daño a su salud, incluida la sexual y la reproductiva, que en algunos casos han producido abortos espontáneos. El papel central de las mujeres en mantener la cadena productiva alimentaria, de conservar las semillas, la biodiversidad y el cuidado del medioambiente no es reconocido social ni económicamente; se les criminaliza y violenta cuando defienden sus territorios y su modo de vida comunitaria ante el despojo y expropiación de sus recursos naturales, llegando a negar su derecho a la autonomía económica y a la autonomía sexual y reproductiva sobre sus cuerpos.

(Fragmento del Documento de posición ante la 42º Asamblea Ordinaria de la OEA de junio 2012)

“La tierra robada será recuperada, amada, cuidada y nunca negociada”

Fotos de Luisa Magdalena en la marcha por el Buen Vivir.

La propiedad de la tierra influye en dos maneras en la autonomía económica de la mujer: directa e indirectamente. La propiedad de la tierra fortalece su posición de resguardo, incrementando su autonomía económica directamente, por lo que amplía sus alternativas de entrar o no en una relación y de poder salir de ella. Por otro lado, esta posición de resguardo incrementa el poder de negociación de la mujer dentro del hogar. Y mientras mayor sea su poder de negociación en el hogar, más probable es que logre mayor autonomía económica. Es importante detenernos en lo que significa “tener derecho efectivo a la tierra”. Primero, hay que distinguir entre “tener derecho” y lo que significa simplemente “tener acceso” a la tierra. El acceso a la tierra -la posibilidad de trabajar la parcela de un familiar (incluyendo al cónyuge) o contar con un contrato de aparcería o arrendamiento- no necesariamente implica un derecho. El derecho a la tierra se define como “la propiedad o el usufructo (es decir, el derecho de uso) asociados con diferentes grados de libertad para arrendar, hipotecar, legar o vender” la tierra. Se debe controlar por lo menos tres elementos del conjunto de derechos posibles: a) poder utilizarlo como recurso; b) impedir que otros lo hagan sin su permiso y; c) poder transferir el control del conjunto de titularidades a otros. Por lo tanto, implica una cierta medida de seguridad unida a una reclamación que se pueda hacer cumplir legalmente. Los derechos efectivos a la tierra toman en cuenta no sólo los derechos legales, sino también el reconocimiento social de estos derechos y del control efectivo sobre la tierra. Al decir “control efectivo” nos referimos a la capacidad de decidir cómo debe utilizarse la tierra y cómo manejar los beneficios derivados de ella. En América Latina las mujeres pueden heredar y poseer tierra a nombre propio, pero esto no necesariamente significa que sean propietarias legítimas si socialmente se espera que vendan su derecho de herencia a un hermano; no significa que tengan un control efectivo si, por ejemplo, la tierra heredada por la mujer se incorpora al patrimonio familiar que administra el jefe de hogar, el hombre.

(Fragmento de “Tierra y autonomía económica de la mujer rural” de Carmen Diana Deere)

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